La sentencia favorable al juez Javier Gómez de Liaño, por el caso Sogecable, es una mala noticia para el sistema judicial español. Que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo le de la razón, significa que no tuvo un juicio imparcial, que se vulneraron por nuestros tribunales los principios más elementales en la aplicación de la justicia. Lo dicho, una mala noticia para España.
Y este ejemplo no sirve para poner de relieve, una vez más, que vivimos bajo una democracia formal, y no una democracia real. Hace tiempo que los tribunales vienen dictando sentencias conforme a amiguismos, intereses políticos del momento y demás arbitrios subjetivos del derecho. Y eso no se puede permitir.
Porque no podemos olvidarnos que, en este caso, nuestro Tribunal Constitucional le negó el amparo a Gómez de Liaño. Y como ésta muchas otras. El poder judicial, que está doblegado al poder político, hincó la rodilla ante los poderosos. Como ha hecho también con los Albertos. Y así nos va, cuando se tratan temas políticos que deben de ser juzgados por los tribunales, ¡ay de aquel juez que intente ser objetivo y honrado! Viene sucediendo así desde que el Psoe de Felipe decidió que era hora de meter mano a los tribunales que les podía juzgar e impedir que el garito que se iban a montar fuese ilegal. Como sucedió con tantas reformas legislativas con sentencias tan polémicas y tan del gusto del político-gobernador-legislador.
Pero ante tanta bastarda manta de corruptos, menos mal que todavía existe una instncia superior, que a día de hoy, no han conseguido meterle mano. Aunque seguro que lo intentan. Todo llegará.
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